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19 octobre 2009 1 19 /10 /octobre /2009 23:43

Bolivie Le sommet de l'ALBA s'est ouvert à Cochabamba

 


Article publié le 17/10/2009 Dernière mise à jour le 17/10/2009 à 11:59 TU

Le VIIème sommet de la gauche américaine radicale et « anti-impérialiste », l’ALBA, Alliance bolivarienne pour les Amériques, s’est ouvert ce vendredi après-midi à Cochabamba, dans le centre de la Bolivie.
L’ALBA, qui regroupe notamment le Venezuela, Cuba, la Bolivie, l’Equateur, le Nicaragua et le Honduras, cherche à développer une intégration régionale « d’après des principes de solidarité et de coopération et non sous l’égide du capitalisme et de la compétition » . Les chefs d’état du Venezuela, Hugo Chavez, et d’Equateur, Rafael Correa, ont fait le déplacement et ont été accueillis par le président bolivien Evo Morales. Une délégation de la Russie, pays non membre de l’ALBA, est également présente.
 Parmi les dossiers du sommet, la crise au Honduras, le changement climatique, et une future monnaie commune pour la région, le « sucre ».



En el marco de la VII Cumbre del ALBA, el mandatario anfitrión, Evo Morales defendió el movimiento indígena de su país

Caracas, Reporte360-.

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, comenzó oficialmente la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), desde la región de Cochabamba en ese país.

El inicio de su discurso de apertura, el presidente boliviano hizo un recorrido por la historia del movimiento indígena de su nación.

Del mismo modo, Morales, hizo énfasis en el respaldo de su gobierno a la producción de la hoja de coca. “La hoja de coca no es cocaína”, aseguro el presidente Morales, y aseguró lamentar que alrededor de la cosecha de esta planta exista una industria ilegal, como lo es la de la cocaína.

Las palabras del mandatario boliviano fueron apoyadas con un arreglo de centro mesa de la cumbre, en el que se podía leer “ALBA TCP COCA NO ES COCAINA”.

 

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Je copie les 27 premiers volets de la déclaration finale :

 

 

ALBA: Declaración final de la Cumbre de Cochabamba, Bolivia

por Escambray — Última modificación 18/10/2009 23:07— archivado en: ALBA, Cumbre ALBA

Texto completo de la declaración final de la VII Cumbre del ALBA-TCP Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre de 2009

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP), en el marco de su VII Cumbre en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, el 17 de octubre de 2009 y al conmemorarse cinco años de su fundación resaltan su constitución como una Alianza política, económica y social en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la identidad de los pueblos y como un referente de que “Un mundo mejor es posible”.

El ALBA-TCP defiende los principios del Derecho Internacional, particularmente, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo,  la integridad territorial y la promoción de la justicia social y la paz internacional,  así como el rechazo a la agresión, la amenaza y uso de la fuerza, la injerencia extranjera y las medidas de coerción unilateral contra los países en desarrollo.

El ALBA-TCP promueve los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad, respeto mutuo a la soberanía de nuestros países, justicia, equidad, respeto a la diversidad cultural y  armonía con la naturaleza, y desempeña un papel fundamental para los procesos revolucionarios y progresistas a nivel mundial convirtiéndose en una alianza promotora de la solidaridad entre los países del Sur.

A 200 años de los primeros Gritos Libertarios en América, los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP reafirman su firme compromiso de continuar en el avance hacia la independencia, la liberación, la autodeterminación y la unión que reclaman los pueblos de Nuestra América y del Caribe, y declaran:

I

1.         Por su esencia, el capitalismo y su máxima expresión el imperialismo, están destruyendo la propia existencia de la humanidad y nuestra Madre Tierra. La crisis económica global, la crisis del cambio climático, la crisis alimentaria, y la crisis energética son de carácter estructural y se deben, fundamentalmente, a patrones de producción, distribución y consumo insostenibles, a la concentración y acumulación del capital en pocas manos, al saqueo permanente e indiscriminado de los recursos naturales, a la mercantilización de la vida y a la especulación a todos los niveles para beneficio de unos pocos.

2.         La crisis económica mundial que se originó en los países desarrollados y de la que no somos responsables, tiene un impacto mayor en los países en desarrollo con el incremento de la pobreza y el desempleo. Lejos de registrarse un financiamiento del norte hacia el sur, se observa una tendencia creciente a una transferencia neta de capitales del sur hacia el norte. Las políticas económicas mundiales dominantes no tienen como propósito promover el bienestar de los seres humanos sino salvar a algunos bancos y empresas.

3.         La “Conferencia Internacional de las Naciones Unidas al más alto nivel sobre la Crisis Financiera y Económica y sus impacto en el Desarrollo” en junio de este año, pese a sus limitaciones, demostró la necesidad impostergable de avanzar hacia la construcción de un nuevo orden económico internacional justo y equitativo que reconozca y respalde los objetivos de desarrollo de los países del Sur, tales como la creación de nuevos mecanismos de desarrollo, la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, la consolidación de una moneda internacional alternativa y el desarrollo de un comercio complementario, justo  y solidario.

4.         La crisis financiera no se solucionará en el marco del G8,  el G20 u otros grupos excluyentes. La solución sólo podrá emanar  del  G–192, representado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los países tienen voz y voto en igualdad de condiciones. En este ámbito es necesario impulsar el Grupo Especial de Trabajo de composición abierta establecido para el seguimiento a la crisis en la Asamblea General.

5.         La crisis económica global no se puede resolver con medidas solo de tipo financiero, regulatorio, monetario o comercial. Una crisis estructural requiere de soluciones estructurales. El apoyo que están brindando los países desarrollados a los grandes bancos aumenta la centralización del capital del sector financiero en manos de pequeños grupos, dificultando el control y regulación del sector. Asimismo no existen mecanismos apropiados de supervisión de la gestión de las grandes corporaciones y de las políticas de libre competencia. Por tal motivo, se requiere una profunda transformación de la economía real y no sólo en el ámbito financiero.

6.         A la crisis económica global se suma la crisis del cambio climático que es parte de una crisis ecológica más amplia  que afecta a nuestra Madre Tierra. Cada año se consume un tercio más de lo que el planeta es capaz de regenerar. A  este ritmo de derroche del sistema capitalista, se necesitarán dos planetas Tierra para el año 2030.

7.         Los seres humanos son parte de un sistema interdependiente de plantas, animales, cerros, bosques, océanos y aire con el cual deben convivir en armonía y equilibrio respetando los derechos de todos. Para garantizar los derechos humanos se debe reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra. Por ello es fundamental aprobar en el marco de Naciones Unidas una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.

8.         El calentamiento global y el cambio climático están provocando el retroceso y pérdida de los glaciares, la afectación a los recursos hídricos que ocasiona la disminución de las fuentes de agua potable, la sequía en diferentes regiones, una mayor frecuencia en los huracanes y en los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y de vidas humanas.

9.         Los países desarrollados tienen una deuda climática, en el marco de una deuda ecológica más amplia, con los países en desarrollo, por   su responsabilidad histórica de emisiones y por las acciones de adaptación que estamos condenados a realizar a causa del calentamiento global que ellos han ocasionado. Esta deuda climática debe ser reconocida y honrada a través de las disposiciones del régimen vigente de cambio climático: a) reducciones sustanciales en sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero que se determinen en base a la porción de las emisiones globales requeridas por los países en desarrollo para lograr sus necesidades de desarrollo económicos y sociales, erradicar la pobreza y lograr el derecho a desarrollo; b) cumplimiento de sus compromisos para una efectiva transferencia de tecnología y c) garantías en  la provisión de recursos financieros adicionales y necesarios de forma adecuada, previsible y sostenible, enfatizando que los requerimientos para la adaptación de los países en desarrollo se han incrementado como consecuencia de la crisis ambiental y destacando que nuestros países requieren de este pago de la deuda climática para posibilitar sus  acciones de mitigación.

10.       En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Copenhague a fines de año, los países desarrollados, en el marco del protocolo de Kyoto, deben adoptar compromisos significativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y aprobar mecanismos de compensación para los países que preservan, protegen y conservan sus bosques.

11.       La iniciativa "Yasuní ITT", llevada adelante por el Ecuador es una efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático, garantizando la conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo, iniciativa por la cual el Ecuador dejará de explotar 846 millones de barriles de petróleo que yacen en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, lo que evitará la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de carbono, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. Esta iniciativa contribuirá al respeto por las culturas indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní, así como al desarrollo social, la conservación de la naturaleza y el fomento del uso de fuentes de energía renovables.

12.       La crisis energética es producto de la irracionalidad en los patrones de consumo impuestos por los países ricos, y de la especulación monopólica y financiera en beneficio de las grandes compañías transnacionales.

13.       Para generar un verdadero cambio en el acceso a la energía en el mundo, particularmente en los países en desarrollo, es fundamental realizar esfuerzos de cooperación, complementación e integración regional, en el desarrollo de modelos de eficiencia energética en la generación,  la transmisión y el consumo así como en el desarrollo de energías renovables garantizando el acceso a los servicios de toda la población.

14.       El acceso a la energía es un derecho de los pueblos que los Estados deben garantizar a través del fortalecimiento de sus políticas públicas, de la defensa del derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales nacionales y de la búsqueda de fuentes de energía alternativa, velando por la conservación y desarrollo en armonía con la naturaleza.

15.       El impacto negativo de la crisis alimentaria en nuestros pueblos, constituye uno de los problemas más apremiantes del siglo XXI,  que requiere de medidas urgentes y coordinadas para garantizar el acceso adecuado y oportuno a alimentos, y la soberanía y seguridad alimentaria de los países en desarrollo.

16.       El uso irracional de alimentos para producir biocombustibles es una práctica que contribuye a la crisis alimentaria, incrementa la pobreza, reduce las áreas forestales y la cantidad de tierra para satisfacer las necesidades de alimentos, encarece el precio de éstos e  incrementa el uso indiscriminado del agua.

17.       La migración no es un delito. La discriminación y penalización de las personas migrantes en cualquiera de sus formas debe ser abolida. Es urgente una reforma de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos y la revocatoria de la Directiva de Retorno de la Unión Europea, con el objetivo de detener las deportaciones y redadas masivas, permitir la reunificación de las familias, y eliminar el muro en la frontera de Estados Unidos con México que, a la vez, separa y divide nuestros pueblos, en vez de unirnos.  Deben ser abrogadas las leyes y políticas de carácter discriminatorio y selectivo, causantes de pérdidas de vidas humanas, entre ellas, la llamada “Ley de Ajuste Cubano” y la política de “pies secos” – pies mojados que aplica el Gobierno de los Estados Unidos con inmigrantes irregulares de Cuba.

18.       En oposición a las políticas migratorias basadas esencialmente en la seguridad que se han impuesto paradójicamente en países que han sido edificados gracias a las migraciones, es necesario profundizar el diálogo y la toma de acciones entre los países de origen, tránsito y destino de las migraciones, a fin de abordar el hecho migratorio de manera integral y comprensiva, con un enfoque centrado en el ser humano y el respeto a sus derechos.

19.       Manifiestan su apoyo para el fortalecimiento y creación de mecanismos comunes que refuercen los avances de los países latinoamericanos y caribeños en el intercambio de experiencias y mejores prácticas para el combate a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual, laboral y otros modos de explotación.

20.       Hoy la Cooperación Sur – Sur  cobra gran importancia por el impacto de la crisis económica global del capitalismo sobre los pueblos y naciones del Sur.  En este marco reviste gran importancia la Conferencia sobre Cooperación Sur – Sur  que se realizará en Kenia en diciembre de 2009.

21.       Frente al avance y crecimiento de las fuerzas e ideas progresistas en América Latina y el Caribe que se reflejan, entre otras formas, en el fortalecimiento  del ALBA-TCP,  el imperialismo y las fuerzas derechistas han reaccionado con el Golpe de Estado en Honduras y la instalación de bases militares en Colombia.

22.       El presidente constitucional de Honduras, compañero José Manuel Zelaya Rosales, debe ser restablecido inmediata e incondicionalmente. Ningún proceso electoral realizado bajo el gobierno golpista, ni las autoridades que de él emerjan, pueden ser reconocidos por la comunidad internacional. La violación de derechos humanos, las detenciones y las muertes que hoy sufre el pueblo de Honduras tienden a agravarse con el fracaso de las medidas dilatorias de la dictadura y la proximidad de las elecciones fraudulentas que ha convocado para intentar consolidarse. En este contexto es fundamental impulsar una ofensiva diplomática y promover acciones contundentes para el restablecimiento pleno del orden Constitucional.

23.       La instalación de bases militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe,  provocan desconfianza entre los pueblos,  ponen en peligro la paz, amenazan  la democracia y facilitan la injerencia hegemónica en el continente. América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz que debe estar libre de la presencia de bases militares y fuerzas militares extranjeras que atentan contra nuestros pueblos. El Gobierno de Colombia debe reconsiderar la instalación de dichas bases militares. El territorio que ilegalmente  ocupa la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo, debe ser devuelto incondicionalmente a Cuba.

24.       El bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba debe terminar de manera incondicional, unilateral e inmediata.

25.       Es inaceptable, que vulnerando las normas internacionales, diferentes gobiernos den refugio o asilo a personas que no califiquen en esas calidades de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes y que estén  procesadas por delitos de lesa humanidad y terrorismo, obstaculizando el esclarecimiento de sus deudas con la justicia.

26.       La defensa de la identidad y la diversidad cultural es fundamental en la lucha contra el neocolonialismo. En ese sentido es importante avanzar en la revalorización y  despenalización del masticado de la hoja de coca, así como en retirar a la hoja de coca de la lista 1 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961.  

27.       La lucha integral y eficaz contra el narcotráfico, debe darse en el marco del más estricto respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos, la responsabilidad compartida y el respeto a los derechos humanos a través de acciones de cooperación regional y multilateral que destierren para siempre las prácticas neocoloniales de certificación y descertificación en la materia y supresión de preferencias comerciales como aplica los Estados Unidos de América con fines de hegemonía política.

 

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11 octobre 2009 7 11 /10 /octobre /2009 02:50

Bolivie, retour sur six mois de crise - Vox geographi – dec 2008

 

 

Sophie Blanchard est docteur en géographie et PRAG à l’Université Paris 12 - Val de Marne.

 

Les 9, 10 et 11 septembre 2008, de violents affrontements ont secoué la région de Santa Cruz, dans l’est de la Bolivie. Des partisans de l’autonomie départementale ont attaqué des institutions publiques et se sont heurtés aux forces de l’ordre. Cette crise fait suite à un printemps et un été agités, qui ont vu la remise en jeu du mandat des principaux dirigeants politiques du pays au cours d’un « référendum révocatoire ». La situation, qui reste aujourd’hui explosive, traduit les déséquilibres politiques et territoriaux boliviens.

La Bolivie, depuis l’élection en 2005 du charismatique leader syndical Evo Morales à la présidence, semble ne pas connaître de repos. Dans ce pays partagé entre montagnes et plaines tropicales, on observe une fracture croissante entre les Andes, plus densément peuplées, plus paysannes, plus indigènes et plus pauvres, et les Basses terres de l’est du pays, espaces de faibles densités mieux dotés en ressources naturelles. Ces tensions se sont aggravées au printemps 2008 ; les affrontements, d’abord feutrés, se sont transformés au mois de septembre en un violent conflit ouvert.

Ce conflit oppose le gouvernement bolivien d’Evo Morales et ses partisans, appuyés par son puissant parti, le MAS (Movimiento al socialismo), aux gouverneurs des départements autonomistes de l’est du pays, soutenus par une partie des populations orientales.

Les enjeux du conflit sont multiples.

À première vue, l’origine du problème semble être la demande d’autonomie des départements orientaux du pays (les départements de Beni, Pando, Santa Cruz et Tarija), qui réclament une plus grande liberté de gestion politique et économique. Mais cette revendication d’autonomie dissimule des points d’achoppement majeurs. Si les gouverneurs des départements des Basses Terres souhaitent tant acquérir l’autonomie financière, c’est pour limiter la redistribution des richesses nationales et éviter la mise en place de la réforme agraire. Les préfets des départements orientaux revendiquent une part plus importante des revenus du pétrole et du gaz. Par ailleurs, la réforme agraire lancée en 2006 par le président Evo Morales menace un autre pan de l’économie de l’Oriente, les grands domaines agricoles des basses terres dont le fleuron est la production de soja. Les propriétaires de ces grands domaines se sentent menacés par la réforme agraire, à juste titre, puisque le but affiché de cette réforme est de redistribuer les terres des réserves naturelles et des grandes propriétés sous-exploitées. Les grands propriétaires de Santa Cruz, qualifiés par la nouvelle classe politique bolivienne, issue des mouvements syndicaux et indigènes, d’« élite blancoïde », sont sur la sellette. Les revendications autonomistes suscitent de vives protestations dans la partie andine du pays, tant au niveau du gouvernement central - qui refuse de perdre une partie considérable de ses ressources (le département de Santa Cruz contribue en effet pour environ 30% au PIB national) - que dans les rangs des organisations paysannes, syndicales et indigènes qui soutiennent le gouvernement.

La mise en place de la réforme agraire a ravivé les antagonismes entre les tenants des deux tendances politiques contradictoires qui montent en puissance depuis une dizaine d’années en Bolivie, le régionalisme et l’indigénisme.

Le mouvement régionaliste s’affirme depuis le début des années 2000 dans le département de Santa Cruz, autour du Comité pro-Santa Cruz, organisme corporatiste formé par les dirigeants des principales branches d’activité économique du département. Ce mouvement a gagné les départements voisins de Tarija, Beni et Pando : les quatre départements orientaux se sont associés en une entité informelle partageant des intérêts économiques communs, la Media Luna (nom dérivé de la forme de demi-lune qu’ils dessinent sur la carte de la Bolivie). Dans le même temps, les revendications indigénistes incarnées par le nouveau pouvoir politique et la figure emblématique d’Evo Morales, « premier président indigène d’Amérique du Sud », rencontrent de plus en plus d’audience chez les populations paysannes et les classes populaires urbaines des départements occidentaux du pays. Les récents conflits viennent rappeler la force des identités départementales en Bolivie : les départements sont plus que de simples subdivisions administratives.

Lorsque que naît en 1825 la République de Bolivie, elle est divisée - dès 1826 - en cinq départements (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca et Potosi) qui reprennent les contours des audiences de l’époque coloniale. La carte des départements a été remaniée au cours de l’histoire de la République, pour aboutir au système actuel, mais le département reste un référent identitaire majeur.

Dans ce contexte tendu, les élites économiques des quatre départements orientaux ont lancé une campagne politique en faveur de l’autonomie départementale. Après l’échec d’un premier référendum national sur la question de l’autonomie en 2006, les préfets y ont organisé des référendums en mai et juin 2008. Tous les départements ont approuvé des statuts d’autonomie, ce qui a eu pour effet de provoquer une crise politique majeure entre le gouvernement national et les autorités départementales. Pour résoudre cette crise, un « référendum révocatoire » remettant en jeu le mandat du président Evo Morales, du vice-président Avaro Garcia Linera et des préfets des département, notamment celui du préfet de Santa Cruz, le très charismatique Ruben Costas, a eu lieu le 10 août. Ce référendum a confirmé dans leurs mandats les préfets des départements orientaux, qui disposent d’une solide base électorale locale, mais aussi le tandem exécutif, soutenu par l’opinion publique andine, et a donc entériné les désaccords existants sans les résoudre.

L’explosion de violence de septembre 2008 n’est donc qu’une nouvelle étape de la crise politique. On peut d’abord lire les affrontements comme des manifestations hautement symboliques des velléités autonomistes. À ce titre, les heurts qui se sont produits mardi 9 septembre 2008 à Santa Cruz ont valeur d’exemple. Les « prises » d’institutions gouvernementales s’inscrivent dans le droit fil des revendications autonomistes. Ce jour-là, des étudiants membres de l’Union juvénile crucénienne (groupuscule qui joue le rôle de bras armé des autonomistes) prennent d’assaut des bâtiments publics. Les lieux choisis par les assaillants ont une valeur symbolique ; ils occupent notamment le centre des impôts internes, qui représente la main mise de l’État central sur les ressources locales, l’Institut National de la Réforme Agraire et de la Superintendance forestière, instances qui gèrent dans le département la mise en application de la réforme agraire, très contestée par les autonomistes, mais aussi la Direction départementale du travail, les locaux de la Migration, des services postaux (Ecobol) et de la compagnie du téléphone (Entel). Ces occupations engendrent des affrontements avec la police qui font de nombreux blessés. D’autres bâtiments sont détruits, notamment ceux de Canal 7, siège de la radio-télévision publique, qui représente l’information « officielle » et est par là même la « voix » du MAS, ainsi que ceux d’une ONG, le CEJIS (Centre d’études juridiques et d’investigation sociale). L’annexion de ces institutions n’est que temporaire : elles sont rendues aux autorités le 18 septembre. Leur conquête a donc eu pour effet d’affirmer la domination symbolique des autorités préfectorales sur la destinée du département de Santa Cruz.

Cependant, les heurts de septembre 2008 ne se limitent pas à une prise de pouvoir symbolique. A Santa Cruz, des affrontements ont eu lieu dans le quartier populaire du Plan 3000, bastion local du MAS. Dans le Pando, les affrontements entre autonomistes, forces de l’ordre et défenseurs de la politique gouvernementale ont pris un tour meurtrier. On a dénombré vingt morts, parmi lesquels dix-huit manifestants qui soutenaient le gouvernement, paysans pour la plupart, tués dans des circonstances obscures et sous les yeux des policiers anti-émeute. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce massacre, alors que des suspicions pèsent sur le préfet du Pando Léopoldo Fernandez et son entourage.

Contre les initiatives des autonomistes, les partisans du gouvernement ont menacé d’assiéger Santa Cruz à la mi-septembre, avant de lever le siège le 23 septembre. Il n’est pas surprenant que la contre-offensive ait eu lieu dans le département de Santa Cruz, reflet des affrontements au niveau national. La zone de Santa Cruz a connu depuis les années 1960 un mouvement de migration de population des Andes vers les Basses terres qui, depuis les années, a amené sur ces terres orientales des paysans et des citadins venus des montagnes.   Le département de Santa Cruz est ainsi devenu un creuset, une Bolivie en réduction, ce qui fragilise les revendications des autonomistes et transporte l’affrontement entre le pouvoir central de La Paz et Santa Cruz au coeur même de la capitale orientale.

Ainsi, les assiégeants du mois de septembre, colons paysans de Santa Cruz et planteurs de coca du Chapare, sont issus du mouvement syndical et des tendances indigénistes. Leur action n’est pas sans rappeler le siège de La Paz, mené en 1781 par les rebelles indiens de Tupac Katari. Ces menaces de siège ravivent la peur des « masses indiennes » ancrée dans l’histoire bolivienne.

Sur le plan international, les deux parties qui s’opposent en Bolivie reflètent une Amérique divisée. Le gouvernement d’Evo Morales forme, avec ceux d’Hugo Chavez et de Raul Castro, l’axe de la nouvelle gauche latino-américaine, creuset d’une opposition de plus en plus vive à la politique des Etats-Unis. Les autonomistes, par contre, se revendiquent plus de la tradition libérale. Ceci explique en partie l’expulsion, le 11 septembre 2008, de l’ambassadeur américain Philip Goldberg, accusé par le gouvernement de La Paz de conspirer en faveur des autonomistes. En réaction, les Etats-Unis ont à leur tour expulsé l’ambassadeur bolivien, tandis qu’Hugo Chavez expulsait par solidarité l’ambassadeur américain au Venezuela. A la crise interne se surimpose donc une crise internationale.

Devant tant de contradictions et d’antagonismes, la sortie de crise actuelle apparaît précaire. Les timides négociations menées en septembre entre les gouverneurs des départements orientaux et le gouvernement ont débouché en octobre sur une trêve provisoire. La volonté du gouvernement de faire approuver par le Congrès la nouvelle constitution (la Bolivie est en effet prise dans un mouvement de refonte constitutionnelle depuis plusieurs années) l’a amené à faire des concessions sur la question de la terre et sur les modalités d’application de la réforme agraire. En renforçant les droits des peuples indigènes, notamment sur le plan juridique, cette nouvelle constitution devrait favoriser la mise en oeuvre de la réforme agraire. La main mise de l’Etat sur la gestions des terres y est réaffirmée, mais le contexte agité a amené les constituants à faire des concessions sur l’autonomie départementale, qui est intégrée à un système complexe d’autonomies à différents niveaux allant de l’échelon départemental à l’échelon municipal, en passant aussi par l’autonomie des communautés indigènes. Les rapports de force entre ces différentes entités restent pour le moment à préciser. Ce fragile armistice entre autonomistes et partisans d’Evo Morales est suspendu au résultat du référendum constitutionnel, qui doit ratifier cette nouvelle constitution, prévu pour le 25 janvier 2009. Les problèmes qui ont causé la crise du mois de septembre ne sont donc pas résolus, mais seulement mis entre parenthèses.

Sophie Blanchard

 

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